Referendo popular por las regiones

Mientras en la opinión pública se debate la propuesta presidencial de Consulta Popular Nacional sobre aspectos laborales no aprobados por el Congreso, sin mayores connotaciones se tramita en el Senado una ley de convocatoria a referendo de iniciativa popular, que propone que los departamentos y el Distrito Capital puedan gravar la renta y el patrimonio de las personas que residan en las respectivas jurisdicciones.

Un grupo de ciudadanos, dentro de los cuales se destacan, Paola Rivera, Juan Daniel Oviedo, Diego Santos, Carlos Gustavo Cano, María del Rosario Guerra, entre otros, que acreditaron los requisitos constitucionales y legales ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, proponen una especie de descentralización fiscal departamental a partir de un cambio tributario fundamental de la competencia impositiva.

En la exposición de motivos señalan los avances de la Constitución de 1991, al establecer la autonomía de las entidades territoriales; sin embargo, consideran que ha habido un fenómeno de recentralización, que en el campo fiscal se concreta en el reparto de regalías y participaciones, que finalmente han ido reduciendo los ingresos de las entidades territoriales.

De otro lado, se recogen análisis técnicos de expertos y organismos internacionales que recomiendan profundizar la descentralización territorial y fiscal.

Así como la Constitución reserva a los municipios la competencia exclusiva de gravar la propiedad inmueble, se propone incluir una fórmula similar que atribuya a los departamentos y Distrito Capital la competencia para gravar las rentas y el patrimonio de las personas, que serían los únicos impuestos significativos que garantizarían la autonomía territorial.

Territorios extensos justifican sistemas federales, del mismo modo los reducidos explican la adopción de sistemas centrales. La dificultad estaría en países con superficies medianas que adoptan sistemas mixtos o progresivos, sería el caso de Colombia.

Históricamente, no solo se ha discutido sino también peleado sobre el federalismo y el centralismo, esto es, el reparto del poder en el territorio y la correspondiente competencia impositiva. La disolución de la Gran Colombia y las guerras civiles condujeron a constituciones de una tendencia o de la otra.

En 1886, se encontró una fórmula intermedia consistente en centralizar el poder político y descentralizar la administración, no obstante, las guerras se suscitaron por otras razones. En 1991, se dio un paso adicional, con el establecimiento de la autonomía territorial como una especie de avance hacia un federalismo contemporáneo, si bien la guerra continua por causas distintas.

Más allá de la forma de Estado, conviene considerar medidas que ataquen la corrupción y el saqueo de recursos públicos; la necesidad de propósitos que propicien la unidad nacional; un sistema tributario razonable y atractivo para inversionistas y trabajadores.

Si bien la propuesta de referendo apunta a fortalecer a los departamentos y su autonomía, poco o nada dice acerca del desmonte o reducción drástica de los poderes públicos y la administración central, que implicaría un cuidadoso programa de reducción y asignación de funciones básica.

Finalmente, habría que considerar los departamentos poco poblados y pobres, para los cuales inicialmente la propuesta conllevaría mayores reducciones, sin perjuicio de la competencia que se generaría entre ellos, buscando mayores eficiencias.

Más allá de centralismo o federalismo, de autonomía territorial, de finanzas pública o sistemas tributarios, se requieren propósitos comunes, conciliación, unidad, equidad y paz, para nosotros y para las generaciones futuras.

Cita de la semana: “Ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo creó”. Jim Kwik, Sin límite (2022).